10/12/2022

El Cronista San Martín

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Los camaristas, designados a dedo por Macri, intentan abrir una nueva causa contra Cristina Fernández de Kirchner

Bruglia y Bertuzzi, los dos rostros del lawfare

En el marco del procesamiento de una serie de involucrados en la causa de las fotocopias de los cuadernos, los jueces buscan redirigir la investigación hacia la vicepresidenta.

Irina Hauser

Por Irina Hauser

6 de agosto de 2022 – 03:07

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi quieren avanzar sobre la vicepresidenta.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi quieren avanzar sobre la vicepresidenta.

La sumatoria de episodios judiciales que buscan poner a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena de Comodoro Py provoca un inevitable deja vú y se presenta como una aparente búsqueda de revancha frente a la caída de la mayoría de las causas en su contra y, según interpretan a su alrededor, como un intento de proscripción política. Al show del juicio de la obra pública en pleno alegato de la fiscalía, se sumó este viernes un fallo de la Cámara Federal que aprovechó el procesamiento de varios empresarios y exfuncionarios en un tramo pendiente de la causa de los cuadernos, para indicar –sin mencionar su nombre pero de manera evidente- que restaría investigar alguna responsabilidad de la vicepresidenta ya que mencionan supuestas entregas de dinero en su departamento de la calle Uruguay 1306 donde, como figura en la causa, ni ella ni Néstor Kirchner iban en esa época. La sentencia fue firmada por los dos camaristas nombrados a dedo, por el mecanismo de traslado, por Mauricio Macri en el tribunal de alzada: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los mismos que el Consejo de la Magistratura ayuda a sostener en esos cargos al no votar las ternas para reemplazarlos por jueces o juezas designados por concurso y con acuerdo del Senado.

El dúo de jueces trasladados confirmó la ampliación de los procesamientos por cohecho contra los empresarios Hugo Dragonetti, Alberto Taselli y Jorge Balán, que habían sido dictados en febrero por el juez Julián Ercolini, que subroga el juzgado que ocupó hasta su muerte Claudio Bonadio, gran impulsor de este y otros casos contra CFK. También fueron confirmados los procesamientos del exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, y de su entonces secretario, Nelson Lazarte. Es un tramo del expediente que aún no está incorporado a todo lo que fue elevado a juicio oral, que se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal 7, que casualmente abrió la etapa de prueba clave para el inicio del juicio, el mismo día que la Corte Suprema rechazó todos los recursos de la vicepresidenta en el juicio de “Vialidad” u obra pública (con tres años de tardanza) para que avanzar en tramo final que transcurre ahora, donde ayer los fiscales también buscaron apuntar contra Máximo Kirchner (ver aparte).

Otra vez sopa

Tanto los empresarios como los exfuncionarios procesados en este nuevo round estaban incluidos ya en el futuro juicio de los cuadernos Gloria cuya autoría se atribuye al exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, pero sobre fines del año pasado Ercolini sostuvo que había encontrado que una serie de hechos –supuestos pagos ilegales vinculados a esa causa madre— que no habían sido evaluados y llamó a nuevas indagatorias. Los procesamientos los dictó en febrero. La resolución de la Cámara que los confirma agrega sobre el final que entre otros “eventos que no integraron la elevación oportunamente resuelta” había un pago “efectuado el día 22 de septiembre de 2010 por Dragonetti” y que “las anotaciones de Centeno indican que el dinero recibido por Baratta y Lazarte fue luego llevado al domicilio de la calle Uruguay 1306 y entregado a Daniel Muñoz”. Muñoz, quien falleció, era el secretario privado de Néstor Kirchner.

En la causa el encargado del edificio declaró que ni Néstor ni CFK iban allí desde que él asumió la presidencia. Entre 2003 y 2015, declaró, sólo a veces iba Muñoz. Supuestamente iba a retirar facturas y a veces recibía gente. Muñoz apareció en los Panamá Papers, con propiedades en Estados Unidos y cuentas en las Islas Vírgenes y Andorra. Quedó involucrada su viuda, Carolina Pochetti.

En función de aquella mención, Bruglia y Bertuzzi concluyeron que se debía “evaluar la posible responsabilidad de otros coimputados”. La alusión a la vicepresidenta era indirecta pero bastante evidente y fue leída en forma en forma literal por varios portales que titular que la Cámara ordenaba investigar a Cristina Kirchner, quien también ya está incluida en las actuaciones elevadas a juicio oral de los cuadernos.

A Dragonetti y Taselli les adjudican un pago de coimas hasta ahora no incluido y Balán le atribuyen dos. A Lazarte le achacan nueve hechos de cohecho pasivo. La resolución revoca parcialmente procesamientos sobre el empresario Claudio Glazman y el exfuncionario Hernán Gómez.

Pruebas

Como los imputados habían cuestionado –como ha sucedido a lo largo de esta causa— que toda la acusación se sostuviera sobre la base de los cuadernos que habría escrito Centeno, los jueces dicen más de una vez a lo largo de la resolución que “los elementos de prueba reunidos exceden el marco de los ‘cuadernos’ y de su ratificación por Oscar B Centeno al prestar declaración como arrepentido”. Dicen que se constataron “los domicilios indicados, la titularidad de los vehículos mencionados, las comunicaciones entre los protagonistas” en fechas de los pagos aludidos. Para Bruglia y Bertuzzi las declaraciones de arrepentidos son prueba clave. Vale recordar que esas declaraciones no fueron registradas (grabadas ni filmadas) como indican las normas procesales y que el propio fiscal Stornelli decía que no había “sortijas para todos”, como quien daba a entender que si no decían lo que se esperaba de ellos (que confesaran coimas e involucraran a CFK y el ministerio de Planificación) podrían quedar presos. Según los jueces, la reconstrucción de ciertos contactos telefónicos también fue esencial.

Bruglia y Bertuzzi sostuvieron también que el hecho de que Centeno haya dicho que quemó los cuadernos pero luego aparecieron (en teoría) algunos originales, “no gravita en el valor probatorio de esas anotaciones”. De esta manera se están anticipando a una discusión ante el tribunal oral, donde Centeno pidió constatar si los cuadernos que están en poder de los jueces contienen efectivamente su caligrafía. Por ahora no le hicieron lugar a su pedido. Los imputados no pudieron ver los supuestos originales. Hasta ahora, desde agosto de 2018 cuando comenzó la causa, nunca se hizo un peritaje oficial sobre los escritos. En una causa derivada, el empresario Armando Losón, encargó un estudio particular que detectó más de 1600 alteraciones del texto original, 55 enmiendas o testados y al menos dos caligrafías distintas. Recién después de eso, otro juez, Marcelo Martínez de Giorgi este año ordenó un peritaje oficial.

Empresarios

Los tres empresarios procesados son arrepentidos en el expediente madre de los cuadernos y la Cámara dice que ellos mismos describieron en su momento el pago de sobornos e involucraron a Baratta. La diferencia fue que cuando declararon para esta ampliación por otros hechos, dijeron que el destino de la plata era otro: que eran aportes para la política, para campañas o para el Partido Justicialista. Pedían, de este modo, que su caso fuera enviado a la justicia electoral, algo que la Cámara les negó, a contramano de lo que consiguieron otros empresarios involucrados por decisión del mismo juez Ercolini, que benefició a Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Antranik Eurnekian y Alejandro Ivanissevich, sin oposición del fiscal Stornelli. Que los pagos sean tratados como aportes de campaña y no como coimas dentro de una asociación ilícita de reparto de obra pública, suaviza mucho la situación. 

De todos modos, los empresarios más beneficiados en esta causa hasta ahora fueron los de Techint (tanto el presidente Paolo Rocca como los directivos Luis Betnaza y Héctor Zabaleta) ya que el mismo magistrado consideró que lo que confesaron pagar no fueron coimas, sino pagos por un “estado de necesidad”, una situación “humanitaria” en el contexto de un conflicto de una planta (la de Sidor) en Venezuela.  

En precedentes como el viejo juicio de los sobornos del Senado, que contaba con la confesión de Mario Pontaquarto, el uso de fondos reservados de la exSide y el chequeo de llamados telefónicos, nada de eso alcanzó y terminaron todos los acusados absueltos. Habrá que ver qué criterio aplica el Tribunal Oral 7, que este año se decidió a poner el pie en el acelerador y hacer que este caso, otra vez con CFK como blanco, vuelva a ocupar un lugar en portales, diarios y otros medios. Bruglia y Bertuzzi, por lo pronto, tienen un juego claro: mientras fallan a favor de Macri  –como en el caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan– buscan comprometer a la vicepresidenta y otros exfuncionarios de su gestión.