10/12/2022

El Cronista San Martín

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Intrusión y abuso de poder

¿Qué une a Estados Unidos con la Corte Suprema de Justicia?

Con la convocatoria restringida a la Cumbre de las Américas, Estados Unidos retomó su costumbre de entrometerse en los asuntos internos de otros países. La Corte Suprema, se metió de lleno con las atribuciones del Legislativo y el Ejecutivo. Factores en común peligrosos para la libertad y la vigencia republicana.

Luis Bruschtein

Por Luis Bruschtein

28 de mayo de 2022 – 01:50

Miembros de la Corte Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz junto al ex presidente Mauricio Macri.
Miembros de la Corte Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz junto al ex presidente Mauricio Macri.

Estados Unidos y la Corte Suprema argentina tienen en común, en el primer caso la tendencia a inmiscuirse en los asuntos internos de sus vecinos, y en el caso del alto tribunal, a rebasar los límites de sus funciones e inmiscuirse en atribuciones del Ejecutivo y el Legislativo. La intrusión y el abuso de poder son factores en común que reducen el ejercicio pleno de la democracia en países como la Argentina que recién está viviendo su período democrático ininterrumpido más largo en toda su existencia como entidad independiente.

En ambos casos están convencidos de que esa es su misión ya sea Estados Unidos como autodesignado guardián de la libertad o la Corte Suprema como guardiana de la República Argentina. La consecuencia que implican esos abusos, más que en guardianes los convierte en peligrosos para la libertad y la vigencia republicana.

El único sentido de este paralelismo es que durante la semana que pasó, esta imagen abusiva de los Estados Unidos y de la Corte, quedó expuesta por la reacción conjunta de varios presidentes latinoamericanos, en un caso, y en el otro por los 17 gobernadores del Frente de Todos.

La discusión puntual aborda temas de fondo como el recorte de soberanía nacional en un caso, y popular o ciudadana en el otro. En el caso de los Estados Unidos, lo que está en discusión es si tiene derecho o capacidad para decidir en forma inconsulta la exclusión de tres países en una reunión regional.

El rechazo inicial del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, disparó la solidaridad de otros gobiernos, como los de Bolivia, Guatemala, Honduras y la mayoría de las naciones del Caribe. El presidente Alberto Fernández y su par chileno Gabriel Boric criticaron la decisión norteamericana, pero dijeron que iban a asistir. Esta semana arribó al país el enviado especial del presidente norteamericano Joe Biden, el exsenador Christofer Dodd. La misión del exsenador es convencer a los presidentes de la región para que asistan a la reunión de Los Angeles, que debería comenzar el próximo 6 de junio.

Dodd ya convenció al presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien había dicho que no viajaría. Bolsonaro respalda a Donald Trump, –cuyo candidato en el Estado de Georgia acaba de perder en forma estrepitosa–, y es muy crítico con Biden. “Con Trump todo iba bien, hacíamos negocios, iban a venir a explotar el petróleo, pero con Biden no pasa nada”, dijo el brasileño quien, de todos modos, le aseguró su asistencia al exsenador Dodd, quien ya había confirmado la presencia del chileno Boric en Los Angeles.

El enviado de Biden se reunió con Alberto Fernández y con Gustavo Beliz. El comunicado oficial no aclara si el presidente asistirá a la reunión, pero subraya que le planteó al enviado norteamericano su rechazo a la exclusión de Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Washington lleva la discusión a la situación interna en esos países. Pero lo que está en discusión es, por un lado, que se arrogó un derecho que no tiene al excluir a tres países. Y por el otro, las reuniones regionales con exclusiones dejan de ser regionales y se convierten en ideológicas. Y si, además las exclusiones son decididas por Washington, se trata de una ideología de subordinación a la potencia norteamericana. Lo real es que después del fracaso del ALCA, Estados Unidos ya no tiene una propuesta para la región más que la de una subordinación ideológica de “patio trasero”. Así funcionó el Grupo de Lima, al que adhirió el gobierno de Juntos por el Cambio durante la gestión de Trump.

En la semana, la Cámara de Casación Penal anuló la resolución que había confirmado el procesamiento en la causa llamada del “avión canillita”, en la que Cristina Kirchner había sido denunciada y procesada por Claudio Bonadio porque, según lo que el mismo juez afirmaba sin testigos ni pruebas, se hacía llevar los diarios desde Buenos Aires al Calafate en vuelos especiales del avión presidencial Tango 01.

La Cámara anuló el procesamiento por el procedimiento irregular cometido por Bonadio. Es una pena que este personaje haya fallecido, porque si estuviera vivo debería afrontar los numerosos pedidos de juicio político que tenía su prontuario judicial. Todas las causas que armó este juez, tan aplaudido por los dirigentes macristas en las reuniones de la embajada norteamericana, se caen por falta de pruebas.

No les interesaba la justicia ni la corrupción, solamente buscaban proyectar hacia la sociedad esa imagen imperial de una presidenta usando como un capricho faraónico el avión presidencial para hacerse llevar los diarios a su mansión en el sur.

Estas arbitrariedades y las que se cometieron contra otros exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas configuraron la utilización del Poder Judicial con fines de persecución política. Y la Corte, no solamente dejó hacer, sino que también tuvo un rol en el lawfare.

Los cuatro magistrados de la Corte concentran un poder que los ha llevado a intervenir y superponerse al Poder Ejecutivo, al bloquear decretos y decisiones presidenciales y al Poder Legislativo, al anular leyes que habían sido aprobadas por el Parlamento e instalar otras que habían sido eliminadas. Es también fuera de cualquier lógica para el funcionamiento separado de dos organismos, que el presidente de la Corte, sea también el presidente de la Magistratura, ya que por alguna razón se separaron las atribuciones de una y otra. Si cuando se creó la Magistratura, la idea era separar funciones, lo que han hecho ahora es volverlas a mezclar.

El proyecto oficial de aumentar la cantidad de miembros de la Corte fue enriquecido con la propuesta del senador por Río Negro Alberto Weretilnek, que incorporó el criterio federal y el de género para una composición verdaderamente funcional y democrática.

La reunión de los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones esta semana, tras la cual emitieron esta propuesta para la conformación de una nueva Corte Suprema puede interpretarse como parte de una nueva estrategia del oficialismo con el fin de avanzar en sus iniciativas para una necesaria Reforma Judicial.

Sea parte de esa estrategia o no, la propuesta de los gobernadores incorporó estos dos elementos que están ausentes en la actual conformación y estaban también ausentes en el debate. Tiene lógica que la Corte aumente la cantidad de sus integrantes y tenga representación federal y de género.

Los cuatro jueces de la Corte resisten cualquier modificación. Pero estas iniciativas surgieron cuando el titular de la Corte, Horacio Rosatti, que llegó al cargo autovotándose para hacer después una movida enorme para sacar una legislación e imponer otra con la finalidad de autodesignarse presidente también de la Magistratura. Si hubiera más jueces, esta movida personal tan rotunda que conmovió a todas las demás instituciones republicanas, sería mucho más difícil. El otro factor es la arbitrariedad con que Mauricio Macri favoreció a la ciudad de Buenos Aires cuando más que duplicó su coparticipación con la excusa de financiar el traspaso de la policía. Como Alberto Fernández retiró un punto de los dos y pico con que los había favorecido Macri, el tema ahora está en una Corte que además no oculta su cercanía con el macrismo.