27/01/2023

El Cronista San Martín

Prof. Salvador Mazza – Salta – Republica Argentina. Portal de noticias Nacionales, Provinciales y Regionales.


El magistrado que ordenó desalojos en un barrio popular de Colonia Santa Rosa

Familias guaraníes protestaron ante el juez Oyarzú de Orán

Gloria José, desalojada, dijo que en Tribunales no quisieron atenderles ni tomarles una denuncia. Aunque el desalojo fue contra siete grupos familiares, no se les dio participación en el proceso judicial, ni derecho a la defensa.

10 de noviembre de 2022 – 02:18

    Las familias guaraníes desalojadas del barrio Sagrado Corazón de Colonia Santa Rosa se movilizaron en la mañana del miércoles hasta el juzgado, ubicado en la ciudad Orán, para protestar ante el juez Francisco Oyarzú, el magistrado que ordenó el procedimiento policial para el desalojo concretado el 27 de octubre.

    «Nos quedamos al frente del juzgado, hicimos una manifestación. Fueron los compañeros y fuimos los desalojados y los que (aún) viven acá y están apoyando», contó Gloria José a Salta/12. 

    Dijo que se negaron a atenderles en el Juzgado de Orán. Además, intentaron denunciar «el atropello» vivido el jueves 27 de octubre por parte de la policía, pero no pudieron porque «No nos quisieron recibir la denuncia», manifestó. 

    Siete familias fueron desalojadas en un operativo en el que intervino un centenar de policías, quienes aducían tener una orden judicial, aunque no se la mostraron a las familias. «No recibimos ninguna notificación de desalojo, pero un policía tenía una carpeta, que quería que firmemos sin ver», explicó la vecina. En un forcejeo entre el efectivo y los vecinos se le cayó la orden, y la tomó José, entonces vió que ahí estaban detalladas las manzanas a desalojar y «está la firma del juez», señaló.

    Pese a que el juez ordenó que siete familias quedaran en la calle, no les dio otra participación en el proceso, no llamó a mediación, ni quiso escucharlas, sostuvo la vecina. «No tenemos ninguna novedad, no tenemos defensa, nada«, aseguró. 

    Por su parte, la secretaria de la Niñez de la provincia, Carina Iradi, dijo a Salta/12 que el juzgado tampoco les dio intervención, y por eso esta Secrfetaría fue al lugar de oficio, al enterarse que había niños y niñas desalojadxs. La funcionaria explicó que constataron que lxs progenitorxs fueron «responsables», que están peleando por su derecho a la vivienda, pero «no colocaron en situacion de vulnerabilidad a sus hijos», 

    Iradi dijo que han pedido los documentos de identidad de lxs chicxs, constataron que están escolarizadxs y que perciben las asignaciones del gobierno nacional. «No hay motivo para que la Secretaría intervenga. Sin perjuicio de que hay que seguir instando a que se priorice a las familias para que tengan acceso a la vivienda«, sostuvo.

    «Estamos en la calle, armamos una pieza. Somos cinco familias. Dos se fueron, porque también tenían niños chiquitos. Vino la Secretaría de Niñez, nos dijeron que no podíamos tener a los chicos en la calle (…), no somos malos padres, en ningún momento hicimos abandono de niños», manifestó José. Contó que ante el temor de que el organismo les institucionalice a lxs niñxs y adolescentes, los enviaron con familiares que tienen un techo donde alojarlxs.

    También comentó que la policía sigue yendo al lugar y ya les preguntaron si lxs niñxs y adolescentes estaban en las casillas improvisadas. «Querían que desarmemos la casa que tenemos en la calle», expresó.  

    José dijo que con integrantes del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) fueron a Colonia Santa Rosa y se reunieron con el intendente. «Iban a ver si se firmaba un convenio. Renabap ofrecía que hagan una cooperativa del barrio para urbanizar, depende del intendente (Jorge Guerra)», señaló.

    «No voy a bajar los brazos, peleamos por un derecho como pueblo originario. Yo voy a pelear por mi derecho, por lo que a mí me corresponde». «Necesitamos un lugar. Nosotros trabajamos la tierra, hacemos huerta, vendemos verduras: ajo, zanahoria, cebollas, acelga, perejil», contó para graficar que la posesión de un terreno les permite subsistir. 

    El concejal Omar Ramírez (Política Obrera), quien acompañó la movilización de las familias a Orán, dijo a Salta/12 que piden al gobierno de la provincia «que se haga responsable de que los vecinos han quedado en la calle. Vinieron desde Niñez, de Desarrollo Social (de provincia), del Renabap, pero no dieron ninguna solución. El intendente no interviene».

    Ramírez sostuvo que las familias están abandonadas, «Hoy hicimos una protesta en el Juzgado por el tema de que fue Oyarzú quien ordenó el desalojo dejando en la calle a siete familias, en las que hay 16 niños, hay chicos con síndrome de down pero quedaron en calle. El juez hizo un abandono de persona«.

    Oyarzú es el mismo juez que ordenó la elevación a juicio de  la causa que tiene como imputada a Yolanda Vargas, una madre a la que se le murieron sus hijxs pequeñxs cuando se le incendió la casilla de madera precaria y prestada en la que vivían. La mujer había salido a comprar alimentos y al regresar sus hijxs ya habían fallecido. «El juez la hacía responsable de lo que había pasado con los chicos, que por eso se habían muerto calcinados en el fuego por abandono de persona, pero ahora él está haciendo lo mismo con estas familias», sostuvo el edil.

    Desde Política Obrera señalaron además en un comunicado, que el juez «se apresuró a dictaminar este desalojo incluso cuando está prohibido por la ley de barrios populares, recientemente prorrogada en el Congreso. El conjunto de las familias del Sagrado Corazón están inscriptas en el Renabap. Todo es papel pintado para la justicia cuando defiende los intereses de terratenientes«.

    Terratenientes

    El juez ordenó que las propiedades se entreguen a Ricardo Yacúlica y a Mirta Rosalía Divano de Manero, las personas que requirieron el desalojo. «Durante años estafaron a los vecinos cobrando cuotas a cambio de los lotes, sin haber garantizado jamás el acceso a los servicios», denunció Política Obrera. 

    «La estafa no habría prosperado y la política reaccionaria de la justicia tampoco si no existiera la complicidad de concejales, del intendente Guerra y del propio gobernador Gustavo Sáenz, que arroja a las familias a las manos de estafadores que se aprovechan de la creciente urgencia habitacional», afirmó el partido.