27/09/2022

El Cronista San Martín

Prof. Salvador Mazza – Salta – Republica Argentina. Portal de noticias Nacionales, Provinciales y Regionales.


El gobierno de Macri y el uso de datos privados para acosar a magistrados

La «Gestapo» macrista y la persecución a jueces

La historia del camarista federal de Mar del Plata, Jorge Ferro, las presiones, su renuncia y el rol del diputado del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli

El expresidente Mauricio Macri junto al diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli. (Fuente: NA)
El expresidente Mauricio Macri junto al diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli.. Imagen: NA


Corría el año 2018, pleno gobierno de Cambiemos, y el entonces camarista de Mar del Plata Jorge Ferro había quedado envuelto en un escándalo que lo vinculaba con maniobras para beneficiar a un imputado en una causa sobre trata, explotación sexual y lavado de dinero en el viejo prostíbulo/whiskería Madaho’s, que hizo mucho ruido. El juez estaba complicado: en el expediente en su contra aparecieron e-mails, mensajes, y hasta una tarjeta de crédito que lo ligaba con aquel sospechoso, un abogado llamado Alejandro Ferrarelo. También tenía una denuncia avanzada en el Consejo de la Magistratura. Su panorama era negro. Sin embargo, estaba tan incorporada la costumbre de presionar a jueces y juezas, y de hacerlo a menudo con información obtenida de bases datos –públicas y reservadas–, que dos integrantes del Consejo de la Magistratura lo invitaron a renunciar advirtiéndole que sabían muchas cosas de él, según relató el propio Ferro el día de su indagatoria en abril del año pasado, cuyos detalles se conocen ahora, y a la que accedió Página/12. Dados los métodos que hoy se aprecia con nitidez que utilizaron los dirigentes macristas, con tal de conseguir sus objetivos –en este caso probablemente una vacante rápida en la justicia federal– el republicanismo no era exactamente lo que los guiaba. 

“Doctor Ferro, a usted le conviene jubilarse y se puede dedicar a sus nietos y a los viajes, que a usted le gusta”, fue la frase que, según contó el excamarista, le dijo el diputado y Consejero de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli. Su relato fue ante el juez Santiago Martín y la fiscala Laura Mazzaferri, cuando lo indagaban. «Mire señor juez, confieso que me asusté. Me asusté no porque tenía nada que ocultar sino porque cabe preguntarme cómo sabía el doctor Tonelli que a mí me gustaba viajar. Si era un tema de conversación que jamás yo había entablado con él y solo la relación era estrictamente por el caso de la denuncia del Ministerio Público (en su contra ante el Consejo)», señaló el exmagistrado. Según Ferro, en ese momento le dijo a Tonelli que no quería renunciar, que quería seguir con los juicios de lesa humanidad que llevaba en Bahía Blanca y que estaba «en el mejor momento» de su «carrera» (sic).  

Para el team macrista en aquel entonces había dos cuestiones claras, que ni siquiera necesitaban ser explicitadas: no era de su interés el avance de las causas sobre crímenes del terrorismo de Estado (incluso Mauricio Macri ya durante su campaña presidencial habla con desprecio de lo que llamaba «el curro de los derechos humanos») pero, en cambio y por sobre todas las cosas, sí les resultaba prioritario generar la mayor cantidad de lugares posibles en los tribunales, en especial los federales, para poblarlos con sus aliados. El mismo Macri lo sinceró, cuando dijo que si los jueces no buscaban la verdad –la verdad entendida según su criterio– «buscaremos otros jueces». 

El método M

El uso de datos privados sobre jueces y juezas para hostigarlos, denunciarlos, generarles «carpetazos» o desgastarlos con comentarios públicos, fue confirmado por el fiscal Franco Picardi como un rasgo habitual del gobierno de Macri en la causa donde se investiga la llamada «mesa judicial». Desde distintos organismos públicos (AFIP, Agencia Federal de Inteligencia, Anses, Ministerio de Seguridad) se accedía a bases de información, como el Registro de Migraciones, que muestra entradas y salidas del país, y otras bases privadas que ofrecen información patrimonial como Nosis. Esa causa está enfocada en la persecución desde el gobierno contra los jueces Alejo Ramos Padilla, Martinas Forns, Ana María Figueroa, Eduardo Freiler, un grupo de jueces laborales, entre otros, y la exprocuradora Alejandra Gils Carbó. Sobre ésta última se detectó, además, un seguimiento específico desde una agente de la AFI. En la mesa judicial que digitaba el armado de causas y aprietes había integrantes del gabinete y tenía un papel central el operador Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, que se fugó a Uruguay precisamente para evitar ser juzgado por amenazas y extorsiones a los accionistas del Grupo Indalo, que hasta fueron detenidos, en una causa emparentada.   

Por aquella práctica de rastrear información privada para amedrentar, es verosímil lo que declaró Ferro mientras debía responder preguntas como imputado. Lo insólito es que, en su caso, precisamente había un avanzado proceso judicial en marcha donde cinco fiscales –entre ellos los titulares de la Procuraduría de Trata y explotación de Personas y de la Procuraduría antilavado– coincidieron en su responsabilidad en los intentos por ayudar a un imputado en una grave causa que incluía explotación sexual y lavado, y esos mismo investigadores fueron quienes hicieron la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Al parecer los consejeros querían apurar el trámite, y en lugar de esperar a que se defendiera en un proceso disciplinario, forzaron una renuncia que no les costó demasiado conseguir, invocando los métodos más sucios a los que recurría la mesa judicial para con magistrados/as que no satisfacían sus deseos. El caso de Ferro, donde convergían un juez que había dejado rastros de posibles delitos propios por todos lados y que ahora está procesado con consejeros que le avisaban que sabía mucho sobre él, parece la pintura acaba de lo que Alberto Fernández llamó «los sótanos de la democracia».  

Ferro intentó explicar en su declaración por Zoom que su contacto con el Consejo de la Magistratura era a través de Tonelli y del entonces presidente del organismo, el abogado Miguel Piedecasas. Les planteaba, insistió, que quería defenderse e ir a declarar ante los consejeros. A Tonelli dijo que le preguntó: «Doctor ¿pero cuál es la razón por la cual usted me está sugiriendo la posibilidad de que yo renuncie?” y que el diputado le respondió: “¿Sabe por qué le sugiero esto Doctor Ferro? Porque hay dos mujeres que me rompen las pelotas para que le habrá la causa a prueba a usted”. En el Consejo interpretan que esas mujeres serían referentas de la Coalición Cívica. 

«Mejor que se jubile, doctor. Tranquilidad para usted y tranquilidad para nosotros», describió Ferro que le dijo también Piedecasas. Entonces él le anticipó al consejero, según su relato, que aceptaba, que renunciaría, y que le convenía quedarse con la jubilación como magistrado. En la indagatoria dijo por todo lo que le habían dicho se había sentido «amedrentado» y entendió que «debía renunciar y acogerme a una jubilación acordada». Quedó en avisar en cuanto presentara la nota formal y así fue que le llevó la copia a Tonelli. «Acá tiene la copia», declaró que le dijo. El diputado le respondió que no la necesitaba porque ya se la había mandado el exministro de Jusiticia, Germán Garavano. 

El papel de Tonelli

El diputado Tonelli llegó al Consejo de la Magistratura con polémica: ocupó el lugar que dejaba la entonces diputada Anabel Fernández Sagasti, por el Frente para la Victoria, a quien se le terminaba el mandato legislativo. Tonelli consiguió votos de distintos bloques y se apoltronó en el organismo que elige y tramita sanciones contra jueces/zas. El conflicto se judicializó, pero él ganó, y sigue en el cuerpo. Con el tiempo quedó claro que era alguien que llegaba con la misión de concretar aquello que Macri había anunciado: apostar a tener un Poder Judicial a medida. 

Desde el Consejo, Tonelli fogoneó juicios políticos  y en la larga lista de acusaciones que promovió Cambiemos, se ocupó con dedicación a la del juez Alejo Ramos Padilla, cuyo expediente le tocó instruir cuando el macrismo trataba de atacar su investigación sobre espionaje. «Se ha excedido», decía. «Queremos asegurar la independencia», agregaba un latiguillo frecuente usado para distorsionar la esencia de la independencia judicial. También procuró justificar públicamente la maniobra que se hizo en el Consejo para tener una mayoría para suspender al excamarista Eduardo Freiler, al no esperar que se incorporara un consejero que estaba jurando en la Corte. Cuestionó públicamente a la jueza de Casación, Ana María Figueroa, la primera en denunciar presiones del gobierno de Macri. Descalificó hasta el cansancio a Gils Carbó y amenazaba con enjuiciarla. 

Desde otro ángulo, participó en la estrategia para lograr designaciones a dedo de jueces, por el mecanismo de traslado, como la que benefició a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi con cargos en la Cámara Federal. En diciembre último incluso se encargó de frenar el concurso para reemplazarlos y a Bertuzzi lo incluyó en una terna que presentó en minoría. Todo un sistema aceitado, con los hilos cada vez más visibles, todavía difícil de desarmar.