30/01/2023

El Cronista San Martín

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El FdT tiene los números para avanzar con el sumario

Juicio a Rosatti: Luz verde en la Comisión de Juicio Político de Diputados

El oficialismo garantiza la primera etapa del jury al Presidente de la Corte y aunque sabe que es difícil completar todo el proceso afirman que «para llegar al recinto falta» y «hay que esperar». Zamora denunció a Robles. JxC se abroquela en defensa de la Corte.

Miguel Jorquera

Por Miguel Jorquera

2 de enero de 2023 – 21:45

    La Cámara de Diputados comienza a delinear cómo será el tratamiento del pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nación (CSJN), Horacio Rosatti, y presidente del Consejo de la Magistratura. Alberto Fernández anunció el pedido en una carta pública y dijo que lo enviará al Congreso en los próximos días, luego de que se conocieran los presuntos chats entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en el que tira letra para defender la silla de JxC en la Magistratura. El FdT afirma que hay motivos para avanzar con la destitución y que tiene mayoría en la Comisión de Juicio Político de Diputados para abrir el sumario y comenzar la investigación. Desde JxC, en tanto, se abroquelaron en defensa de Rosatti y rechazaron “la decisión trasnochada” del Gobierno de iniciar un juicio político al titular de la CSJN. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, una de las espadas territoriales contra la Corte, denunció penalmente a Silvio Robles por tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, tomó nota rápidamente: habilitó la feria judicial y le exigió al funcionario y mano derecha del supremo Rosatti, depositar «con carácter urgente» su teléfono celular y todo otro aparato celular que tenga en uso, personal u oficial (ver aparte).

    Reunión clave

    A su regreso de Brasil, a donde viajó a participar de la asunción presidencial de Lula da Silva y a mantener una reunión bilateral, Alberto Fernández se reunirá con un grupo de gobernadores peronistas para terminar de delinear el pedido de juicio político. La reunión se hará el martes en Casa Rosada.

    La mayoría de los mandatarios provinciales del peronismo se pronunciaron públicamente sobre la Corte. Y especialmente en contra del amparo que concedió a favor del gobierno porteño y obliga al Ejecutivo Nacional a devolver a CABA el 2,95 por ciento de coparticipación que el expresidente Mauricio Macri otorgó por decreto. Desde hace días califican el fallo como “unitario” y “en contra del federalismo”, además de cuestionar a los cortesanos de no atender el pedido de presentarse como “Amicus curiae” en una causa que favoreció a la ciudad más rica de la Argentina en contra de los recursos de las provincias. La nueva filtración de los supuestos chats entre D’Alessandro y Silvio Robles, principal operador político de Horacio Rosatti, incrementó el malestar de los gobernadores, y no sólo con el presidente del máximo Tribunal.

    «Los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado», indicó Fernández exponiendo algunas de las razones para impulsar el juicio político. En ese mismo texto, el Presidente anunció que “he convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti».

    A priori, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anticipó que acompañará la presentación ya que existen elementos de una “absoluta colaboración entre la Corte y los sectores de Cambiemos”.

    En la reunión del martes, el Presidente y los gobernadores buscarán acordar un proyecto común para presentar al Congreso, además de definir la convocatoria a sesiones extraordinarias del Parlamento para que el mismo comience a ser tratado.

    Paso a paso en el Congreso

    El proyecto debe ingresar por la Cámara de Diputados, que es la encargada de comenzar el proceso de investigación y emitir un dictamen acusatorio que deberá ser aprobado por dos tercios de los presentes en el recinto de la Cámara baja, para que luego el Senado conforme el Tribunal que juzgue el comportamiento del cortesano. Cuya resolución también requiere de la misma mayoría agravada. Mayorías que el oficialismo no tiene en ninguna de las Cámaras.

    «Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme, sumado al tema de la coparticipación y el Consejo de la Magistratura, y la decisión del Presidente de enviar el juicio político es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo y que establece la Constitución para investigar y determinar responsabilidades», afirmó la diputada Carolina Gaillard (FdT), presidenta de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja en una entrevista radial.

    Gaillard consideró que «la Corte se entrometió en las facultades que tiene el Congreso» y sostuvo que «se conocieron estos chats donde claramente hay tráfico de influencias respecto a una persona de mucha confianza del presidente del máximo tribunal». «No se puede no hacer nada cuando nos enteramos que una persona de confianza del Presidente de la Corte habla con el ministro de Justicia de CABA para arreglar un fallo», aseveró la diputada.

    Gaillard también aseguró a PáginaI12 que «el bloque del Frente de Todos tiene mayoría en la comisión para tramitar la apertura del sumario para empezar a investigar». La comisión tiene 16 integrantes de la bancada oficialista; 14 de JxC (7 del PRO, 4 de la UCR, 2 de la CC y 1 de ER); y 1 del lavagnista Integración Bonaerense.

    «Se podría convocar a sesiones extraordinarias para que la comisión de Juicio Político se pueda reunir; se fija un temario; se convoca a la comisión con quórum reglamentario y se dictamina la apertura del sumario», agregó Gaillard. «La investigación dura 60 días», precisó la diputada entrerriana y aseguró que, en ese plazo, «se pueden llamar a los acusados y testigos para que comparezcan».

    El oficialismo confía que durante el proceso saldrá a la luz el entramado sobre la parcialidad política de los cortesanos y sus vínculos con la oposición macrista. Aunque también reconocen las dificultades para arribar al juicio político. «Para la instancia del recinto falta mucho y allí se verá. Es súper importante la etapa del sumario y la investigación», insistió Gaillard.

    En el FdT saben que la resistencia que ofrece JxC ante cualquier proyecto sobre el Poder Judicial hará casi imposible conseguir los dos tercios necesarios para que el juicio político prospere. “A esta altura creo que el quórum en Diputados lo ordena Rosatti”, dijo por lo bajo una de las espadas parlamentarias del oficialismo a este diario.

    Abroquelados con Rosatti

    Antes de cualquier definición, la alianza macrista de Juntos por el Cambio salió en defensa de Rosatti y del resto de los cortesanos. “Rechazamos el pedido de juicio político a la Corte Suprema de la Nación”, es el título del comunicado de prensa difundido por el espacio.

    “La trasnochada pretensión del Presidente de la Nación y del kirchnerismo, de pedir juicio político al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, es un nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del Estado”, dice uno de los párrafos del texto en el que también hacen gala de su bloqueo parlamentario a los proyectos del oficialismo sobre el Poder Judicial: “Así como no pudieron con la reforma judicial, la procuración general y la ampliación de la Corte a 25 miembros, esta vez, tampoco podrán”.

    Con una fuerte impronta de campaña electoral, el comunicado de la alianza macrista vuelve a invertir la carga de la prueba. “Estas maniobras desesperadas contra la Justicia, evidencian una vez más que el único objetivo de este gobierno es la búsqueda de impunidad”, dice el texto sin mencionar que el motivo que origina el pedido de juicio político es la relación irregular e ilegal de los miembros de la CSJ con funcionarios de su propia fuerza política

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